Propuestas de la comunidad educativa para el curso 20-21: la dimensión socio-política (1)
Esta entrada es la primera de una serie de cuatro textos en los cuales se resumen las conclusiones del estudio “Panorama de la educación en España tras la pandemia de COVID-19: la opinión de la comunidad educativa«, realizado por un equipo de investigadores de las universidades de Granada y Málaga con el apoyo de BBVA y Educación Conectada. En este estudio se recogen las propuestas de la comunidad educativa para afrontar el curso 2020-2021 dada la situación de pandemia que vivimos. Si quieres leer la primera entrada, puedes encontrarla aquí.
Según la comunidad educativa, las principales actuaciones de la dimensión sociopolítica recaen, lógicamente, en el ámbito de la administración educativa (Ministerio de Educación y consejerías de educación autonómicas) u otras instituciones públicas del plano nacional, autonómico o local; sin embargo, tanto los centros y los docentes como las instituciones del tercer sector tienen también un papel que jugar dentro de esta dimensión, tanto aportando recursos e ideas como manteniendo su actitud de crítica constructiva en la puesta en marcha de las políticas educativas dictadas desde la Administración. Sólo el trabajo coordinado de todos los agentes y las instituciones nos permitirá atender las necesidades surgidas por la pandemia que vivimos y sus repercusiones en el ámbito educativo.
Para comenzar, la Administración educativa debe demostrar su capacidad de coordinación y liderazgo con la redacción de un plan nacional de actuación que sirva de referente para todas las unidades de la Administración del Estado que puedan aportar soluciones a los problemas planteados por la pandemia. Este plan debe contemplar de la manera más amplia posible las implicaciones fundamentales de la pandemia en Educación, los efectos colaterales de las decisiones tomadas, los recursos disponibles y los mecanismos de evaluación para saber si el plan está siendo efectivo a corto, medio y largo plazo.
En concreto, las actuaciones contenidas en este plan deben abordar tres preocupaciones fundamentales: en primer lugar, la seguridad de toda la comunidad educativa; en segundo lugar, el aprendizaje a lo largo del curso 20-21, sea en confinamiento, en semipresencialidad o en algún tipo de presencialidad con estrictas medidas de seguridad; y, en tercer lugar, la equidad del sistema educativo. Sin considerar en profundidad estas tres cuestiones y sin aportar respuestas efectivas a los riesgos que la pandemia genera sobre la seguridad, el aprendizaje y la equidad, el derecho a la salud y a la educación estarán sometidos a un grave riesgo y nuestro sistema educativo no estaría cumpliendo con su obligación legal y moral.
En relación con la seguridad se plantean distintas medidas: el establecimiento de guías de actuación y protocolos de seguridad, avalados por técnicos competentes, para que puedan ser utilizados por los centros educativos; la evaluación de situaciones de riesgo contra la salud de los propios estudiantes o del personal de los centros educativos; el aumento de los servicios de apoyo psicosocial y de salud mental en los centros, no sólo para el alumnado sino también para el profesorado y el personal del centro; la formación del personal en cuestiones sanitarias e higiénicas fundamentales; o la creación de sistemas locales de intercambio de información entre profesionales de la sanidad y de la educación.
Para garantizar el aprendizaje, la Administración educativa y otras instituciones públicas pueden concentrar sus esfuerzos en la definición de contratos–programa con los centros educativos y en el aumento de la inversión en materias concretas como la docencia a distancia o semi- presencial o en material higiénico y sanitario. En concreto, los contratos–programa han sido utilizados en algunos momentos de nuestra historia reciente tanto por el Gobierno central como por diversas autonomías para promover programas o planes de innovación educativa, precisamente porque permiten dar respuesta a la casuística particular de cada centro y comunidad educativa, pero siendo la Administración garante de dar una respuesta satisfactoria y homogénea a todo el sistema, cuestión ésta claramente demandada por los participantes en la presente investigación.
Por otro lado, la Administración es también garante no sólo del principio de calidad, sino también del principio de equidad en Educación. En esta línea apuntan actuaciones como la gestión de los servicios sociales críticos que normalmente se canalizan a través de los centros educativos; la detección de casos especialmente graves que requieran docencia presencial o la adopción de medidas de apertura y uso de los centros educativos para estudiantes de sectores más desfavorecidos o que tengan más dificultades de aprendizaje o para la conexión a internet, si esta es necesaria; la atención especial a la lucha contra la desigualdad de género derivada de la situación de pandemia o el confinamiento; o la apertura de un diálogo social para la conciliación familiar y laboral tanto para situaciones de docencia semipresencial o en el caso de que sea necesario cerrar los centros educativos de manera general, o un aula o un centro de manera particular si se detectan casos de contagio.
Finalmente, se espera de la Administración educativa que asuma también el liderazgo con una campaña de apoyo y reconocimiento a la figura del docente durante la crisis, lo cual no sólo beneficia a la imagen del profesorado, sino que también prestigia a los centros educativos y el papel de la Educación en nuestra sociedad.
En relación con la igualdad de oportunidades y la equidad, es fundamental garantizar unas condiciones adecuadas de acceso a recursos de aprendizaje en línea para todo el alumnado. La experiencia del curso 2019/20 ha permitido constatar que, tras el cierre de los centros educativos, un número importante de estudiantes se quedó incomunicado y sin poder acceder mínimamente al proceso de aprendizaje y enseñanza, quedando para ellos en suspenso el derecho a la educación; esta experiencia, traumática para muchos miembros de la comunidad educativa, hace que garantizar las condiciones de acceso sea hoy por hoy una prioridad fundamental que debe asumir la Administración educativa (Ministerio y consejerías de educación) pero también otras instituciones locales, comarcales o provinciales a través de planes de conexión wi-fi locales o de actuaciones más específicas dentro de su ámbito de responsabilidad.
En el mismo plano local se plantean algunas otras actuaciones relevantes. Así, la colaboración de los centros educativos con los servicios sociales y sanitarios del entorno puede permitir una mayor efectividad en la mejora del bienestar de todo el alumnado y sus familias; del mismo modo, es en el plano local y en la interacción ente las instituciones educativas, los centros de trabajo y otras instituciones públicas o del tercer sector como se pueden abordar el complejo reto de la conciliación familiar y laboral o incluso la creación de planes de refuerzo y apoyo al aprendizaje más allá del ámbito de actuación de los centros educativos.
Finalmente, en el ámbito de responsabilidad del profesorado recaen dos actuaciones fundamentales: utilizar su autonomía docente para ofrecer una respuesta educativa ajustada a la situación personal del alumnado, lo cual requiere disponer de información, de un buen análisis y de mecanismos docentes para la educación personalizada, y garantizar unas adecuadas condiciones personales que permitan el aprendizaje de todo el alumnado, considerando para ello las claves de la atención a la diversidad y el diseño universal de aprendizaje. Para ello, por supuesto, son necesarias la colaboración y la participación de las familias en el proceso educativo, lo cual requiere contar con canales de información y comunicación así como de protocolos de trabajo colaborativo entre los centros educativos y las familias.
En una próxima entrada revisaremos las propuestas de la comunidad educativa sobre infraestructuras y personal así como cuestiones organizativas y pedagógicas para abordar el reto del COVID-19 durante el curso 2020-2021.
Si quieres leer el informe completo, puedes encontrarlo aquí: https://www.campusfad.org/educacion-conectada/estudios-investigaciones/
Trujillo-Sáez, F.; Fernández-Navas, M.; Montes-Rodríguez, M.; Segura-Robles, A.; Alaminos-Romero, F.J. y Postigo-Fuentes, A.Y. (2020). Panorama de la educación en España tras la pandemia de COVID-19: la opinión de la comunidad educativa. Madrid: Fad. DOI: 10.5281/zenodo-3878844
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